La moralidad de los servidores.

Nuestros tribunales federales opinan que “…los servidores públicos el deber de actuar con honestidad, responsabilidad, ética, profesionalismo, siempre con respeto al interés público, a la primacía del interés general y a las normas sobre obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones”[1].

Estamos iniciando una época en la que todos los mexicanos debemos reclamar, continua y masivamente, por los medios que nos permita la Constitución Federal de la República, las diversas formas de inmoralidad en que incurren los servidores públicos, llevando nuestras demandas como un derecho colectivo. Una actitud así es ciudadana y responsable de la que debemos hacer nuestra práctica común.

[1]Referencia: Época: Décima Época. Registro: 2012089.Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h Materia(s): (Constitucional). Tesis: I.9o.A.28 A (10a.)


Extractos de algunas antiguas de resoluciones favorables a los contribuyentes publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2001

[1]

Introducción.

Nos parece de singular importancia rescatar algunos de los criterios favorables a los contribuyentes dictados por el SAT en años anteriores en resoluciones favorables a los contribuyentes porque algunos de esos criterios permitirían ubicar tanto hechos actuales como textos legales vigentes en 2016 en situación análoga, bajo el principio: Ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositio, metodo de aplicación del derecho que se basa precisamente en la consideración de situaciones análogas para aplicar el mismo derecho escrito.

Es importante hacer notar que estas resoluciones solo beneficiaron, en su caso, a los contribuyentes que hicieron cierta consulta y recibieron la resolución a su favor. Sin embargo el SAT publica un extracto de las más importantes cada mes de cada año en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación que señala, en su parte medular que esta autoridad fiscal (sexto párrafo): “… publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes…”.

En este comunicado encontrarán en letras negrillas un subtítulo insertado por nosotros, la parte textual del criterio, así como un comentario para orientar el sentido en que, conforme a nuestro criterio, se dictó la resolución. No obstante, cada caso y cada aplicación analógica debe ser estudiada específicamente para no suponer simplemente que se trata del mismo caso otro de un contribuyente diverso.

Para facilitar el estudio de cada criterio, añadimos también las palabras clave de cada caso. Read More →

Resoluciones sobre la constitucionalidad de los archivos XML, buzón tributario, contabilidad fiscal, así como la preliquidación fiscal. Comunicado de prensa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Mediante comunicado de prensa No. 126/2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió una de las más controvertidas disposiciones fiscales recientes en esta nueva época e goverment que tiene sus dos aspectos relevantes, por una parte, la apertura de la información para el público en general y para el contribuyente en particular a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como una de tantas autoridades que ahora son asequibles a través de medios electrónicos y en un portal oficial, mas a la vez representa una gran transparencia de la información de los contribuyentes disponible para el SAT.

Esta resolucion abarca estos aspectos de constitucionalidad:

Uno, relativo a la obligación generar los archivos XML con los que se remitirá la información contable, en los que la Segunda Sala consideró que se viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, por una parte porque tales archivos son formulados por un particular por otra parte, y por otra parte, ahoandando en tal inseguridad jurídica tales archivos XML no se encuentran redactados en idioma español.

Dos, la relativa a la liquidación provisional que puede ser notificada al contribuyente, con base en la información entregada por el contribuyente o por otros contribuyentes o terceros que rindan información al SAT, caso en que la Segunda Sala no concedió el amparo.

Tres, opina la Segunda Sala que tanto el buzón tributario como la contabilidad electrónica no violan la Constitución Federal, dado que solo es una forma de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente.

Este es el comunicado de prensa:

En sesión de seis de julio de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, de manera unánime, el amparo en revisión 1287/2015 concediendo la protección constitucional a la empresa quejosa en contra del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince y del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

El anexo referido, al establecer los lineamientos técnicos necesarios para la generación de archivos XML con los que se remitirá la información contable, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que son formulados por un particular ajeno a la relación jurídico tributaria, los cuales incluso no se encuentran redactados en idioma español.

Por lo que ve al segundo acto, la declaratoria de inconstitucionalidad se decidió porque el citado precepto legal, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que esa propuesta no constituye un requerimiento formal de pago, cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata.

Sin embargo, la Sala desestimó los diversos argumentos expresados en la demanda enderezados a demostrar que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan lo atinente al buzón tributario, así como a la contabilidad y la revisión electrónicas, son inconstitucionales.

Sobre el particular, se determinó que las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información, de manera que su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación.

 

Jorge-Santamaria-perfil

 
 

CP y LD Jorge Santamaría García

jorge.santamaria@despachosantamaria.com.mx
 


31 DE MARZO DE 2016: LAS DECLARACIONES DE PERSONAS MORALES SE VENCEN HOY ¿QUÉ PASA EN EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD?

Apuntes para una reflexión, por Jorge Santamaría G.

Introducción

Entiendo que este comentario será visto por el lector después que se haya vencido el plazo de la presentación de la declaración de las personas morales conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo hice deliberadamente, porque hay que reflexionar casos en los que o se venció antes, o no se vence hasta que el contribuyente “quiera” o porque hay casos de incertidumbre, dignos de un estudio más profundo que lo abordado en estas breves líneas. En particular comento aquí algunos efectos inesperados de la liquidación de una sociedad contribuyente del impuesto sobre la renta en México.

El plazo general

El plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta a las personas morales contribuyentes en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta mexicana deben ser presentadas a más tardar a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal que se declara.

Como sabemos, el ejercicio fiscal de las personas morales a las que me refiero termina el 31 de diciembre de cada año, independientemente del día en que hubiere iniciado, en el caso, por ejemplo, de sociedades que inician su actividad en México, normalmente, cuando se constituyen y comienzan su vida jurídica.

La disolución y liquidación de la sociedad

La liquidación de la sociedad es el paso final de su extinción que inicia con el acuerdo de disolución que toman los socios o accionistas organizados en asamblea general extraordinaria dado que esa asamblea es, a fin de cuentas, el órgano supremo de la sociedad. Solo diré que la extinción abre paso para que, una vez designado el liquidador, éste haga todo lo posible por “liquidar” (poner en líquido: en dinero) todos los activos de la sociedad y con el dinero así obtenido, pagar todos los pasivos. Puede ser que alcance o no el dinero para tal pago, pero ello no importa en este momento para el comentario respecto de la declaración del ejercicio.

Aunque lo lógico es que una vez acordada la disolución de la sociedad inicie la liquidación, en ocasiones puede no ser posible tal consecuencia dado que como he comentado, se requiere de una figura jurídica especial que se ocupe de vender o cobrar o de otra manera hacer líquidos los activos: el liquidador. Mientras este personaje no sea designado, la liquidación no inicia. Regreso a esta idea más adelante.

Terminación anticipada del ejercicio

Ahora bien, si se evita este tema de la no aparición del liquidador y pensando que todo ocurre normalmente, es decir, que en la misma asamblea que acuerde la disolución tenga a bien designar al liquidador, resulta entonces, a esa fecha en que inicia la liquidación, se termina el ejercicio fiscal anticipadamente, o sea, no al 31 de diciembre, sino antes, cuando inicia la liquidación; es esta una excepción entonces a la regla general que considera que todos los ejercicios fiscales de las empresas morales terminan el 31 de diciembre y por lo tanto el plazo para presentar la declaración del ejercicio sea el 31 de marzo del año posterior a un ejercicio fiscal común.

Así que si:

  • el inicio de liquidación de la sociedad es el 29 de febrero de un año (bisiesto), la declaración debe ser presentada el mismo día del mes de calendario posterior al que inicio, considerando los tres meses para presentar su declaración anual, o sea el 29 de mayo.
  • inicia la liquidación el 31 de marzo de un año, el plazo debería terminar el “31” de junio; pero es el caso que en nuestro actual calendario gregoriano[1] el mes de junio no cuenta con día 31, así que el plazo para la presentación de la declaración será el día hábil (fiscal) inmediato siguiente.

Prolongación o acortamiento del ejercicio fiscal

Antes de entrar a otras ideas, me interesa revelar el caso especial de los pagos provisionales del ejercicio de liquidación. El ejercicio de liquidación puede tener una duración de unos meses o varios años, todo depende de la complejidad de la misma o del interés que le ponga el liquidador o los propios socios de hacerlo aceleradamente. Fiscalmente la regla que es que, iniciada la liquidación, todo el período que esta dure es un ejercicio fiscal, especial porque no necesariamente termina un 31 de diciembre y no necesariamente es de doce meses, pueden ser menos o más.

En este caso la velocidad con la que se liquide una sociedad puede ser que dependa de sus condiciones económicas y financieras, así como las condiciones del entorno en que opere o bien, de la decisión de los socios o accionistas o del propio liquidador.

Aquí se presenta un fenómeno especial: la duración del ejercicio fiscal depende, propiamente, de la voluntad de los órganos de la sociedad y/o del liquidador, más aún cuando la liquidación de la sociedad mercantil no depende ya de la duración acordada en sus estatutos. Aunque este efecto es interesante, lo recordaré nuevamente al referirme a la interrupción de la liquidación.

Suspensión o interrupción del proceso de liquidación

Regreso ahora al tema de la no designación de liquidador. Si se acuerda por la asamblea general ordinaria de socios o accionistas que el liquidador se designe después de esa fecha, es necesario evaluar jurídicamente si la liquidación inicia o no, pues el principal protagonista para tal inicio es ese personaje. Mi primera idea[2] al respecto es que la liquidación no inicia y, por tanto, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente hasta la fecha de la imposición de cargo de liquidador por parte de dicha asamblea: ¿inicia para efectos fiscales independientemente de los efectos jurídicos?

En este mismo entorno de la vida de una sociedad puede darse el caso, no tan distante, que una vez acordada la disolución social, finalmente terminen las condiciones económicas o financieras, o de otra índole, que llevaron a la asamblea societaria a tomar la grave decisión de liquidar su empresa, por ejemplo, que se logre el contrato aquél que hacía tanta falta o se reciba oferta de aportación de capital que ayude a poner en mejores condiciones a la sociedad, entre muchas justificaciones, o quizá sin que haya una justificación comprobable, como no sea la de que los socios lo pensaron mejor y, consecuentemente, se decida revitalizar la empresa y olvidar el proceso de liquidación. En este caso ¿la conclusión es la misma que la escrita en el párrafo anterior?; ¿la liquidación nunca comenzó y por ello no hay terminación anticipada del ejercicio fiscal?

Si bien en los dos casos expuestos me parece claro que la liquidación no inició, la situación se hace más compleja si es que el órgano supremo de la sociedad ya nombró a su liquidador y éste ya comenzó a liquidar los activos (o aunque no hubiere comenzado de hecho, pero y tuviere la obligación de hacerlo), pero resulta que se presentan circunstancias por las que la sociedad (su asamblea general extraordinaria) considera que fue un error de negocio acordar la liquidación y ahora, en una nueva asamblea, decide reactivar la vida ordinaria de la sociedad y suspender definitivamente la liquidación, aunque ya hubiere operaciones económicas que propendieron a ella. Para los accionistas será una nueva oportunidad de intentar fructificar los negocios sociales, pero fiscalmente se presentan los siguientes fenómenos en cuando a la declaración del ejercicio:

  • Dado que la liquidación sí inició, pero se suspendió antes de su liquidación total; debería pensarse que el ejercicio fiscal sí terminó anticipadamente y por lo tanto comienza el plazo de tres meses para presentar la declaración del ejercicio.
  • Si desde la fecha en que inició la liquidación hasta que se acordó la reactivación no pasaron los tres meses de ley, el plazo de la presentación de la declaración no vencerá, pues el motivo por el cual surge la obligación de presentar la declaración (el inicio de la liquidación de la sociedad), desaparece. Se encuentra aquí una laguna de ley muy peculiar porque nace la obligación de cerrar el ejercicio y desde luego, la de la determinación del resultado fiscal de este ejercicio irregular, pero la obligación de presentar la declaración dentro de los tres meses siguientes al inicio de la liquidación desaparece. ¿Habrá solución a esto?
  • Si se decide presentar la declaración de un ejercicio irregular por haber iniciado la liquidación, pero cuyos efectos corporativos se suspendieron, se habrá cumplido en los términos de ley, pero …
  • ¿Hay otro ejercicio fiscal desde la fecha del inicio de la liquidación hasta el 31 de diciembre del mismo año en que se reactiva la sociedad?, o ¿inicia un nuevo ejercicio fiscal desde que los accionistas acordaron la liquidación hasta que esta se suspendió y recomenzó su vida normal la sociedad? a lo que cabe agregar la pregunta ¿se puede llamar ejercicio fiscal a este último período?, o ¿qué es?
  • Sobre el último periodo aludido se puede preguntar también: ¿Cuándo debe presentarse la declaración del ejercicio?

 

Validez del acto corporativo de suspensión o interrupción del proceso de liquidación

Claro, hay que reflexionar en otra cuestión fundamental: ¿Pueden válidamente los socios o accionistas de una sociedad contribuyente del impuesto sobre la renta, acordar la suspensión de la liquidación o el inicio de esta si es que ya se acordó la disolución, pretendiendo en uno y otro caso, dar nueva actividad normal a la sociedad? Por supuesto esta pregunta está más en la teoría del derecho societario que en el derecho fiscal, pero sin duda tiene repercusiones importantes en este último. Aventuro una propuesta de contestación: sí pueden, pues la asamblea general de socios o accionistas es el órgano supremo de la sociedad y mientras la sociedad exista, existen (o más bien, deben existir) sus órganos vitales: la asamblea de socios y el órgano de administración.

Mas supongamos que es una violación a la ley el que los socios acuerden suspender o interrumpir el proceso de liquidación, en las modalidades de hecho o derecho que he expuesto (o en otras). Se presenta en este caso la disyuntiva de dilucidar quién que no sean los propios socios tendría interés jurídico en que la liquidación terminara su proceso.

Es entendible que en un proceso de liquidación los terceros que se sientan afectados en sus intereses siendo acreedores de diversos tipos incluyendo a trabajadores de la sociedad, se opongan a su liquidación. Ello tendría un remedio teóricamente simple: si se satisface su interés jurídico: si se les pagan sus prestaciones o contraprestaciones pendientes, se acabaría el conflicto. Pero no es fácil encontrar el caso opuesto que, de hecho, la legislación mercantil no prevé: que un tercero se oponga a la suspensión del proceso de liquidación de la sociedad.

Finalmente, puede ser que el proceso de liquidación se suspenda y quede sin efectos uno o más años después que se inició (y por tanto se presentó la declaración del ejercicio terminado anticipadamente), cuando se diera el supuesto que un tercero con interés jurídico en oponerse triunfe en su acción y el juez ordene declarar algo que impida o suspenda indefinidamente la liquidación mientras no se satisfaga el interés del opositor.

En este caso los problemas se extienden a otros aspectos fiscales no listados hasta ahora:

  • ¿Debe presentarse declaración complementaria de la que se presentó por el ejercicio irregular, para dejarla sin efectos?
  • Al retomarse, en su caso, la periodicidad normal de los ejercicios fiscales ¿se consideran omitidas las declaraciones que no se presentaron, sean de pagos provisionales o del ejercicio?
  • ¿Si se presentaron pagos provisionales del ejercicio de liquidación que luego queda sin efecto, tales pagos serían a cuenta del impuesto de cada periodo regular?

Palabras finales

Casos como los expuestos someramente en estos apuntes requieren un constante juego de interpretación jurídica sobre los ámbitos materiales del derecho fiscal y del derecho común para resolver con cierto éxito los cuestionamientos.

No siendo la liquidación una circunstancia de negocio en marcha, de vida operativa de la sociedad, su propia naturaleza presenta fenómenos jurídico–fiscales a resolver; algunos, con seguridad jurídica, otros, con gran incertidumbre.

¿Tú qué opinas de los cuestionamientos aquí expuestos?

 

[1] Impuesto por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI de nuestra era.

[2] No tengo por ahora una segunda o ulterior ideas.

 

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CP y LD Jorge Santamaría García

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Breves reflexiones

A más tardar el próximo 31 de marzo de 2016 los contribuyentes personas morales deberán presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente a 2015, ocasión que es propicia para reflexionar la naturaleza de tal obligación y el vínculo que tiene con la obligación principal de pagar el impuesto. Nos ocupamos en este comentario de algunos de los aspectos de interpretación de los textos que quizá ya no vemos por la llamada “ceguera de taller”.

Es común aludir que como parte del Estado, la población que lo habita tiene una personalidad diferente y entre esos dos elementos nacen derechos y obligaciones. Generalmente los derechos de los habitantes frente al Estado son más bien difusos: derecho a la libertad, derecho a la seguridad física y económica, derecho a la salud, derecho a la educación (entre muchos otros). Como ciudadanos podemos exigir el cumplimiento de estos derechos sea por la vía del requerimiento personal, las manifestaciones sociales, la organización de la sociedad civil o incluso por vía judicial ordinaria o el juicio de amparo.

La obligación principal del pago del impuesto

Gran responsabilidad del Estado le recae cuando debe recaudar parte del patrimonio de los particulares para afrontar los gastos públicos que son necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fue creado por los habitantes de una nación, pues es un acto de violencia la prestación forzada que exige a los ciudadanos, sea directamente o a través de los vehículos jurídicos con los que realicen su vida económica, pero es un acto indispensable para la vida del Estado y de sus propios ciudadanos y por ese gran ejercicio de poder del Estado que toma parte del patrimonio de las personas es que debe ser estrictamente apegado a la ley, fiscal en este caso. Esto está garantizado constitucionalmente en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Mexicana que obliga al pago de las contribuciones en la forma proporcional y equitativa que determinen las leyes especiales de carácter fiscal.

El pago del impuesto no es opcional es obligatorio, es esencialmente una obligación de dar parte de nuestro patrimonio aún en casos que tal patrimonio no esté representado por dinero en efectivo y aún que esté afectado por pasivos a nuestro cargo que tengamos que pagar, pues las contribuciones generalmente tienen prioridad sobre cualquier deuda de diversos acreedores, salvo algunas excepciones como créditos con garantía real o adeudos de trabajadores nacidos con anterioridad del crédito fiscal.

El gravamen patrimonial entonces es complejo. Requiere ser representado por un sistema lógico de datos y comprobantes que en la mayor parte de los casos se resuelve con un buen sistema contable por modesto que este sea.

Las personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta tienen la obligación de llevar contabilidad y, en estos días, incluso, de forma electrónica, para subirla al portal de la autoridad. Esta obligación, con tal fortalecimiento para el fisco, es una parte de lo que el contribuyente debe declarar y parece que va quedando atrás la otrora declaración del ejercicio, pues en realidad se ha convertido en información mensual, diaria y a veces por operación con ocurre con la expedición de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

Tal parece que las obligaciones colaterales de la principal que es el pago de la contribución quedan en primer lugar en materia de esfuerzo de los particulares.

La obligación fiscal principal es la del pago de la contribución que queda a cargo del sujeto pasivo de la relación tributaria. Tal relación es una cadena de unión entre la disposición fiscal que describe el hecho imponible previsto en ley y la acción del particular que cuando realiza tal hecho, queda obligado al pago fiscal que recibe el sujeto activo de la relación tributaria, no para sí mismo, sino como intermediario de fines que impuso la sociedad de un país mediante una Constitución y un conjunto de leyes e instituciones de carácter fiscal, esto son los fines del Estado sin el cumplimiento de los cuales el Estado no tiene sustancia es, lo que se ha llamado un Estado fallido.

Las obligaciones tributarias no sustantivas

La obligación del pago del impuesto es una obligación traslativa de patrimonio el particular hacia el fisco, pero no es la única, hay cuando menos tres obligaciones más: las obligaciones de realizar ciertas conductas que permiten al fisco contar con información especial que denote el apropiado cálculo del impuesto que se paga. Entre ellas, la obligación de presentar la declaración del impuesto, que puede ser por una única vez en cada periodo fiscal mediante actos mensuales, semestrales o de otra temporalidad.

Para efectos del impuesto sobre la renta las personas morales contribuyentes de ese impuesto normalmente deben presentar doce pagos provisionales y una declaración anual con la cual se paga el impuesto determinado en el ejercicio y después de descontar esos pagos provisionales.

El artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en la fracción V la obligación para los contribuyentes del título II (personas morales) de presentar declaración anual con las siguientes características:

  • Se trata del cumplimiento de una obligación de carácter fiscal formalmente heteroaplicativa porque los formatos son diseñados, aprobados y publicados por la propia autoridad.
  • El propósito principal (pero no único) es que el contribuyente determine en forma autoaplicativa el resultado fiscal.
  • La disposición separa la determinación del resultado fiscal de la utilidad gravable. En este sentido, el resultado fiscal puede venir como una consecuencia de esta utilidad gravable. Cabe aquí hacer la reflexión de que en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece el procedimiento de determinación de estos dos elementos, aunque no muy claramente:
    • Se dice que el resultado fiscal se construye desde la utilidad fiscal (ingresos menos deducciones y la participación de utilidades a los trabajadores).
    • Una vez con ese dato, la utilidad fiscal, se disminuirán las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
    • Sobre el resultado fiscal así calculado se aplicar el 30% que es la tasa ordinaria para las personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta.
  • ¿Utilidad gravable? Hay que notar que este artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la renta no hace referencia alguna a la utilidad que debe ser anotada (declarada) en la declaración anual según el artículo 76 fracción V de la misma ley, a saber, la utilidad gravable.
  • Resultado fiscal y utilidad gravable. Toda utilidad es una cantidad que se determina restando a un ingreso el costo que fue necesario para la producción del ingreso, siempre que este último sea mayor que el segundo. No obstante, para que sea gravable, es decir susceptible de ser gravada. Entonces para que la utilidad de una empresa sea gravada requiere ciertos ajustes adicionales como la disminución de la participación de las utilidades a los trabajadores y la amortización de pérdidas pendientes de deducir. Conforme al procedimiento citado la utilidad original que proviene de la resta de las deducciones a los ingresos se convierte en gravable restando la participación de utilidades a trabajadores y las pérdidas pendientes de deducir y con ello, se tiene el denominado resultado fiscal. Esto nos deja concluir que el artículo 9 supracitado lleva a la determinación de la utilidad gravable a la que se refiere el artículo 76 fracción de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
  • Presentación ante las oficinas autorizadas. El procedimiento del artículo 76 requiere que la declaración se presente ante las oficinas autorizadas, sistema que hoy ya no es posible cumplir, sino que ahora debe ser presentada la declaración mediante el portal de internet del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Para ello los contribuyentes deberán seguir los procedimientos que determina el SAT en su portal.
  • El plazo para presentar la declaración con base en las disposiciones que estamos analizando se expresa de la siguiente manera: … dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se termine dicho ejercicio. Al respecto el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación determina que cuando los plazos se fijen por mes, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que … el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que inició… La cuenta entonces es que si el ejercicio a declarar (ya concluido) terminó el 31 de diciembre, el mismo día del tercer mes siguiente, no del inmediato posterior, pues siendo la del Código Fiscal una regla general, la interpretación armónica y sistemática nos lleva a concluir que el plazo para presentar la declaración anual de las personas morales concluirá el 31 de marzo de 2016.

Operaciones con partes relacionadas

El propio artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la fracción X establece una obligación de información paralela a rendir conjuntamente con la declaración anual de ese impuesto, se trata de las operaciones con partes relacionadas, pero solo aquellas que se realicen con personas residentes en el extranjero, conforme al texto del dispositivo legal citado y que se refieran a las realizadas en el año de calendario inmediato anterior. Esta redacción genera la duda del plazo que debe abarcar la información, pues el año inmediato anterior al ejercicio al que se refiere la declaración (en este caso 2015) es 2014, pero obviamente no es lo que se quiso decir y el contribuyente que no desee requerimientos por parte de la autoridad será mejor que declare las operaciones con partes relacionadas del extranjero del propio año de 2015.

 

Conclusión

Con frecuencia la costumbre de cumplir con la presentación de la declaración anual de las personas morales nos lleva por un camino cuya vereda está bien marcada y posiblemente no podamos ver cosas que han estado ahí en las disposiciones fiscales por mucho tiempo. Esta es una invitación a revisar los textos legales que determinen obligaciones fiscales de dar o hacer para entender las cosas que hacemos bien y, claro está, también las que hacemos mal para beneficio del fisco.

 

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CP y LD Jorge Santamaría García

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Estimados lectores:

En un Estado democrático la participación ciudadana es un requisito de viabilidad y existencia del propio Estado. Tal participación debe limitarse a acudir a las urnas a elegir gobernantes, sino que se manifiesta con diversos actos que el particular realiza; mas hay actos ciudadanos que influyen directamente en la democracia: el reclamo al Estado sobre el cumplimiento de la esencia del estatuto fundamental, en el caso del Estado Mexicano: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La vía del Juicio de Amparo es la más democrática de nuestras instituciones judiciales, por ello, en los actos del gobierno mexicano que molesten al ciudadano, cada uno de los que vivimos en este país tenemos no solo el derecho sino la obligación de reclamar los actos gubernamentales que rebasen los límites constitucionales del Estado, incluyendo los del Poder Legislativo. Tal es el caso de la novedosa obligación de enviar nuestra información contable a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aquí exponemos DIEZ RAZONES PARA PRESENTAR EL AMPARO EN CONTRA DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA.

  1. El envío continuo de la información contable permite la vigilancia permanente de nuestra actividad personal interna y la que realizamos con clientes, proveedores, bancos, accionistas y con cualquier tercero, ello implica una situación grave y molesta a cargo del contribuyente.
  2. Se obliga al contribuyente a llevar dos clases de información contable de su actividad: una, con los formatos electrónicos que requiere el SAT y otra: para cumplir con las Normas de Información Financiera (que también es obligatoria para efectos fiscales).
  3. Hay costos tecnológicos extras para el contribuyente que repercuten en su economía: pago de servicio de internet con una banda suficiente para subir datos voluminosos, equipo de cómputo con capacidad de almacenaje suficiente para soportar información doble y abundante: asesores en informática para resolver los problemas cibernéticos y dar cumplimiento en tiempo con la nueva obligación de enviar la contabilidad por medios electrónicos.
  4. Hay costos administrativos adicionales que surgen por la necesidad de nuevos controles en la empresa tales como el resguardo de la contabilidad electrónica en discos suficientemente robustos, la creación de nubes en el ciberespacio para lograr un adecuado back up de la información y el diseño de manuales y políticas de seguridad que se deban cumplir por los empleados.
  5. Hay también costos de capacitación para el personal y para el propio empresario que tendrá la necesidad de comprender las cuestiones cibernéticas para controlar el manejo de los candados y llaves de acceso a la información.
  6. Implica mayores riesgos de la información confidencial pues se pone en manos de empleados del gobierno la información completa sobre las actividades del contribuyente y el contribuyente depende de la ética de tales servidores públicos. Es cierto que quienes utilicen indebidamente la información incurren en grave responsabilidad, pero ello no es un consuelo para el contribuyente que sea víctima de abusos, pues los daños que puede infligir al empresario un empleado público deshonesto, pueden ser muy grandes y quizá nadie se los resarza al contribuyente afectado.
  7. Las nuevas facultades del SAT en materia de contabilidad electrónica, le otorgan al fisco una verdadera e indebida excepción en los límites constitucionales considerando el procedimiento de molestia en las cosas y en los papeles de los contribuyentes pues, en los hechos, no será necesario una previa orden de comprobación constitucionalmente emitida dado que toda la información la podrá revisar la autoridad fiscal en forma detallada sin que el contribuyente tenga noticia de tal intromisión y sin que pueda oponerse.
  8. Podrá el Fisco requerir aclaraciones de información que derive de la que haya sido presentada por otros empresarios considerando operaciones ciertas, distorsionadas o falsas, que quizá por error, mala fe o por actos delictivos, propinen al contribuyente graves golpes económicos o de imagen pública, por atribuirle actos punibles que le sean ajenos aunque, claro, pueda el contribuyente interponer medios de defensa con costos de servicios legales en medio de un gran riesgo incluso penal.
  9. Por el costo de las multas que deriven de actos no atendidos notificados a través del buzón tributario y de los que podría no enterase el contribuyente por cuestiones técnicas del internet o de su equipo de cómputo, por operación de los hackers o por otras calamidades cibernéticas como troyanos, virus y similares.
  10. Los mexicanos debemos exigir el debido cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos siempre; es un derecho fundamental del ciudadano protestar contra los actos administrativos arbitrarios. Citando al filósofo francés Michel Foucault:
    • Los gobiernos, al ocuparse del bienestar de las sociedades, se arrogan el derecho a contabilizar en términos de ganancias y de pérdidas las desgracias de los hombres provocadas por sus decisiones o toleradas con sus negligencias. Un deber de esta ciudadanía internacional es el de hacer valer a los ojos y a los oídos de los gobiernos los sufrimientos de los hombres, de los que no es verdad que no sean responsables. El sufrimiento de los hombres nunca debe ser un mudo residuo de la política, sino que, por el contrario, constituye el fundamento de un derecho absoluto a levantarse y a dirigirse a aquellos que detentan el poder.

Espero haya sido de su interés este comentario; si desea comunicarse con nosotros, contáctenos en nuestra página www.despachosantamaria.com.mx

Pa diuxhi,
Jorge Santamaría G.

1 Texto publicado en “Los hombres infames”, editorial Altamira, Buenos Aires.  “Face aux gouvernements les droits de 1’Homme”, leído en Ginebra en 1981 en una conferencia de prensa en la que se anunciaba la creación de un comité internacional para defender los derechos humanos. Publicado en Liberation, 30 de junio-1 de julio 1984, p. 22.