EXTINCIÓN DE DOMINIO

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) fue modificado con motivo de la reforma judicial y la instauración del nuevo proceso penal, la cual se consolido el día 18 de junio de 2008 a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto correspondiente.

En esta reforma instauró una nueva figura jurídica denominada “extinción de dominio” de bienes a favor del Estado, la cual a su vez suscitó la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en adelante Ley de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009 que regularía la “extinción de dominio” a bienes a favor del Estado.

Esta figura, además de formar parte de la reforma del nuevo proceso penal referido, tiene como objeto, a decir de los legisladores, combatir el narcotráfico, así como otros delitos propios del crimen organizado, pues esta le permitiría al Estado disponer de forma trasparente de los bienes decomisados a grupos delictivos.

Son diversas las características de este nuevo poder del Estado en nuestro país; las abordaremos en forma breve en las siguientes lineas.

CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

El concepto de “ extinción de dominio” se desprende de la interpretación armónica que se realice de los artículos 2, 3 y 8 de la Ley de Extinción de dominio que al respecto señalan que la “extinción de dominio” es la pérdida de los derechos sobre los bienes (cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación.) sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. [1]

Sin embargo, el artículo 8 de la Ley que nos ocupa establece que los bienes en cuestión deben estar vinculados con los Read More →

La moralidad de los servidores.

Nuestros tribunales federales opinan que “…los servidores públicos el deber de actuar con honestidad, responsabilidad, ética, profesionalismo, siempre con respeto al interés público, a la primacía del interés general y a las normas sobre obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones”[1].

Estamos iniciando una época en la que todos los mexicanos debemos reclamar, continua y masivamente, por los medios que nos permita la Constitución Federal de la República, las diversas formas de inmoralidad en que incurren los servidores públicos, llevando nuestras demandas como un derecho colectivo. Una actitud así es ciudadana y responsable de la que debemos hacer nuestra práctica común.

[1]Referencia: Época: Décima Época. Registro: 2012089.Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h Materia(s): (Constitucional). Tesis: I.9o.A.28 A (10a.)


Extractos de algunas antiguas de resoluciones favorables a los contribuyentes publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2001

[1]

Introducción.

Nos parece de singular importancia rescatar algunos de los criterios favorables a los contribuyentes dictados por el SAT en años anteriores en resoluciones favorables a los contribuyentes porque algunos de esos criterios permitirían ubicar tanto hechos actuales como textos legales vigentes en 2016 en situación análoga, bajo el principio: Ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositio, metodo de aplicación del derecho que se basa precisamente en la consideración de situaciones análogas para aplicar el mismo derecho escrito.

Es importante hacer notar que estas resoluciones solo beneficiaron, en su caso, a los contribuyentes que hicieron cierta consulta y recibieron la resolución a su favor. Sin embargo el SAT publica un extracto de las más importantes cada mes de cada año en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación que señala, en su parte medular que esta autoridad fiscal (sexto párrafo): “… publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes…”.

En este comunicado encontrarán en letras negrillas un subtítulo insertado por nosotros, la parte textual del criterio, así como un comentario para orientar el sentido en que, conforme a nuestro criterio, se dictó la resolución. No obstante, cada caso y cada aplicación analógica debe ser estudiada específicamente para no suponer simplemente que se trata del mismo caso otro de un contribuyente diverso.

Para facilitar el estudio de cada criterio, añadimos también las palabras clave de cada caso. Read More →

Resoluciones sobre la constitucionalidad de los archivos XML, buzón tributario, contabilidad fiscal, así como la preliquidación fiscal. Comunicado de prensa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Mediante comunicado de prensa No. 126/2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió una de las más controvertidas disposiciones fiscales recientes en esta nueva época e goverment que tiene sus dos aspectos relevantes, por una parte, la apertura de la información para el público en general y para el contribuyente en particular a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como una de tantas autoridades que ahora son asequibles a través de medios electrónicos y en un portal oficial, mas a la vez representa una gran transparencia de la información de los contribuyentes disponible para el SAT.

Esta resolucion abarca estos aspectos de constitucionalidad:

Uno, relativo a la obligación generar los archivos XML con los que se remitirá la información contable, en los que la Segunda Sala consideró que se viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, por una parte porque tales archivos son formulados por un particular por otra parte, y por otra parte, ahoandando en tal inseguridad jurídica tales archivos XML no se encuentran redactados en idioma español.

Dos, la relativa a la liquidación provisional que puede ser notificada al contribuyente, con base en la información entregada por el contribuyente o por otros contribuyentes o terceros que rindan información al SAT, caso en que la Segunda Sala no concedió el amparo.

Tres, opina la Segunda Sala que tanto el buzón tributario como la contabilidad electrónica no violan la Constitución Federal, dado que solo es una forma de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente.

Este es el comunicado de prensa:

En sesión de seis de julio de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, de manera unánime, el amparo en revisión 1287/2015 concediendo la protección constitucional a la empresa quejosa en contra del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince y del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

El anexo referido, al establecer los lineamientos técnicos necesarios para la generación de archivos XML con los que se remitirá la información contable, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que son formulados por un particular ajeno a la relación jurídico tributaria, los cuales incluso no se encuentran redactados en idioma español.

Por lo que ve al segundo acto, la declaratoria de inconstitucionalidad se decidió porque el citado precepto legal, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que esa propuesta no constituye un requerimiento formal de pago, cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata.

Sin embargo, la Sala desestimó los diversos argumentos expresados en la demanda enderezados a demostrar que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan lo atinente al buzón tributario, así como a la contabilidad y la revisión electrónicas, son inconstitucionales.

Sobre el particular, se determinó que las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información, de manera que su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación.

 

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CP y LD Jorge Santamaría García

jorge.santamaria@despachosantamaria.com.mx